El machismo es una lacra que sigue afectando a nuestra sociedad de múltiples formas. Existe una violencia extrema que se ejerce contra las mujeres por el hecho de serlo que, de forma más o menos consensuada, es objeto de repulsa y condena generalizada pero, junto a ello, despliega también su eficacia un machismo más sutil y ladino, que se encuentra instalado en nuestros comportamientos y concepciones del mundo y actúa como un combustible esencial para perpetuar la desigualdad.
De este machismo nadie está libre, ni personas ni instituciones, pues forma parte de una cultura y una educación que nos han inoculado durante siglos y que cuesta mucho sacudirse y superar.
También, por supuesto, la judicatura es víctima de los prejuicios en los que se funda el machismo, con el agravante de que quienes formamos parte de ella somos, precisamente, quienes tenemos la obligación de garantizar que tales discriminaciones no se produzcan y proteger a quienes son víctimas de ellas.
Estos días, hemos asistido a un lamentable espectáculo que evidencia el anclaje del machismo en la justicia. Se publicaron conversaciones privadas en las que se hacía referencia a las mujeres rumanas como a “putas”, entre otras alusiones despectivas por razón de origen. En Las conversaciones , que no han sido desmentidas, participaron algunos magistrados que juzgan diariamente delitos de trata de personas, prostitución o agresión sexual.
Estas actitudes constatan el machismo que impera en nuestra Administración de Justicia. Un machismo bidireccional que se proyecta hacia dentro, con la intolerable discriminación de las mujeres en el acceso a los altos cargos judiciales y, lo que es más grave, hacia fuera, llegando esos prejuicios a condicionar las decisiones que tomamos.
Una verdadera concepción igualitaria de la Sociedad y de la Justicia no se aprende sola, de hecho se opone a todo el sistema de creencias en el que se ha basado la humanidad durante siglos, y requiere por tanto de una formación específica y profunda en materia de género y desigualdad que debe abarcar toda la vida profesional del juez y la jueza. Desde el acceso a la Carrera Judicial y durante todo el desarrollo de su vida profesional la formación con perspectiva de género debe formar parte del bagaje necesario de todo miembro del Poder Judicial debiendo contar además como mérito específico para la promoción profesional.
Ello unido a la firmeza en la condena y proscripción de comportamientos de esta índole constituye la única vía posible para conseguir una Justicia Igualitaria, es decir una Justicia Justa.
ASOCIACIÓN DE MUJERES JUEZAS DE ESPAÑA
Madrid, a 9 de noviembre de 2016