SOLO CREYENDO EN LA IGUALDAD GENERAREMOS EL CAMBIO
Para la Asociación de Mujeres Juezas, las 1002 mujeres asesinadas desde el año 2003 por sus parejas o exparejas constituyen razones de justicia suficientes para exigir que los poderes públicos, de todos los ámbitos territoriales, se impliquen en la lucha contra la violencia machista, con políticas prioritarias y eficientes.
La responsabilidad institucional comporta un especial deber de luchar contra el sexismo desde el liderazgo responsable como garantía de los derechos fundamentales de las mujeres. Garantía que pasa inexorablemente por la adopción de políticas feministas que terminen con el sexismo, la discriminación y la violencia y que eliminen los espacios de impunidad que se pueden llegar a alcanzar con la ocultación de la realidad violenta, en que se desarrolla a diario la vida de las mujeres.
El pasado 27 de marzo el Consejo de Europa aprobó su Recomendación CM /Rec (2019) 1 del Comité de Ministros/as, en la que se insta a los Estados miembros a garantizar la igualdad y la prevención de la violencia contra las mujeres, atendiendo a la legislación internacional en materia de derechos humanos y el Convenio de Estambul, y en la que se define el sexismo como:
Cualquier acto, gesto, representación visual, manifestación oral o escrita, práctica o comportamiento, basado en la idea de que una persona o grupo de personas es inferior por razón de su sexo, en el ámbito público o privado, en línea o en la vida real, cuyo propósito o efecto sea:
- Vulnerar la dignidad intrínseca o los derechos de una persona o grupo de personas; o
- Provocar daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico o socioeconómico a una persona o grupo de personas; o
- crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo; o
- constituir un obstáculo a la autonomía y la plena realización de los derechos humanos de una persona o grupo de personas; o
- preservar y reforzar los estereotipos de género.
Sexismo del que claramente también fue víctima, hace unas semanas, la trabajadora de Iveco que no pudo soportar la violencia psicológica ejercida contra ella a través de la difusión, sin su consentimiento, de un vídeo sexual privado entre los que se denominaban “sus compañeros”.
En este contexto, consideramos imprescindible que los poderes públicos tengan en cuenta también la voz de asociaciones feministas como la nuestra y por ello alertamos a las distintas administraciones públicas del peligro que supone y la confusión que causan en la sociedad aquellos posicionamientos que niegan la violencia sistemática, histórica y estructural ejercida contra las mujeres y el cuestionamiento de los instrumentos jurídicos para combatirla, que intentan ocultarla con eufemismos y dando soluciones uniformes a problemas diversos, y que requieren de tratamientos específicos. La verdadera democracia es la que garantiza la vida y los derechos fundamentales de su ciudadanía
Y es que como Asociación de Mujeres Juezas estamos convencidas que solo creyendo en la igualdad generaremos el cambio necesario y urgente que la sociedad requiere.
15 de junio de 2019