El barco Open Arms se encuentra desde hace 8 días esperando, con 121 personas rescatadas de las aguas del Mediterráneo, que autoridades de Italia o Malta otorguen permiso para desembarcar. Todas ellas han sido salvadas de una muerte segura, tras escapar de situaciones de violencia extrema, que se ceba sobre todo con mujeres, niñas y niños en situación de especial vulnerabilidad. Ningún otro barco era capaz de llegar a tiempo antes de la tragedia, lo que obligó a Open Arms a intervenir.
Brindar auxilio a quienes se encuentran en peligro de muerte en el mar es una obligación consagrada en el Derecho Internacional: Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convención CONVEMAR) de 1982, por el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (Convenio SOLAS) de 1974 y por el Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimos (Convenio SAR) de 1979. Dicha obligación implica el salvamento, el desembarco del buque que prestó el auxilio y la conducción a un puerto seguro (art. 33 Capítulo V Convenio SOLAS).
Tanto Italia como Malta, los dos puertos seguros más cercanos, se niegan a otorgar permiso y ningún otro país europeo ha ofrecido los suyos. Nuestro gobierno, con su inacción, está permitiendo esta situación de indefensión en la que se encuentra el Open Arms, un barco con bandera española al que solo puede reprochársele haber cumplido con la ley del mar.
Cómo expone Sassoli, presidente del Europarlamento: el problema que evidencian las ONG cada vez que rescatan migrantes en la zona del Mediterráneo Central: mientras Italia y Malta continúan resistiéndose a recibir barcos de ONG, no existe un mecanismo de reubicación de migrantes que facilite el desembarco. “ La misma escena se repite para cada barco que llega a aguas europeas y se reabren las mismas polémicas”. No podemos añadir sufrimiento al sufrimiento y la Comisión Europea debe articular una respuesta coordinada.
Nuestro ejecutivo se escudó recientemente en los incumplimientos de Italia y Malta para denegar el despacho del buque a Open Arms. Es urgente que ampare y proteja al barco español y deje de poner trabas a su labor esencial de vigilancia, denuncia y salvamento.
España debe velar por el cumplimiento del derecho marítimo, y sobre todo, de los derechos humanos. Es por ello que nuestro gobierno debe exigir a Italia y Malta, como puertos seguros más cercanos, que permitan la entrada del barco. En caso de negativa, solicitamos que lleve este incumplimiento al Tribunal del Mar en Hamburgo, con solicitud de medidas provisionales, para proteger la vida de las personas que se encuentran a bordo. Esta espera en el mar supone un trato inhumano y degradante que debe finalizar inmediatamente. Cualquier otra solución pondrá en peligro al barco y a la tripulación. Es nuestro momento como país para demostrar que no somos cómplices de políticas criminales.
Firman esta petición las siguientes entidades integradas en el colectivo Fronteres i Drets:
