Madrid, 16 de noviembre 2022
AMJE hace un llamamiento a la calma ante la polémica suscitada con algunas resoluciones judiciales que han revisado condenas por delitos sexuales.
Igualmente quiere trasladar a la opinión pública que la reforma de los delitos sexuales ha colmado la necesidad de aplicar la perspectiva de género en una materia tan sensible como ésta, dotándonos de un sistema racional y moderno que pone el foco en la protección de la víctima.
Es de suma importancia que la sociedad conozca que cuando se produce cualquier reforma penal que afecta a la descripción de las conductas prohibidas y al castigo aplicable, es esperable que se produzcan revisiones de condena cuando, en el supuesto concreto, pueda resultar más favorable al reo que la regulación anterior.
En el caso de esta reforma en particular, desde AMJE manifestamos en su día que el propósito de la misma no debía ser el agravamiento de las penas máximas, que ya eran muy elevadas, sino dotarnos de una regulación más acorde con la realidad social actual, que vertebrara sobre la ausencia de consentimiento y que, a partir de ahí, estableciera castigos proporcionados a la gravedad de las distintas conductas atentatorias contra la libertad sexual.
Igualmente, consideramos más adecuado a la realidad social establecer una regulación específica cuando la víctima sea menor de 16 años (pues se presume ausencia de consentimiento) y otra cuando sea mayor de 16 años, sin necesidad de mantener una tercera categoría cuando la misma sea mayor de 16 y menor de 18 años, pues en estos supuestos es suficiente con aplicar agravaciones tales como el abuso por parte del agresor de una situación de superioridad.
La Ley Orgánica de Garantía de la Libertad Sexual ha entrado en vigor muy recientemente y ha supuesto importantes cambios de planteamiento, por lo que hemos de darnos tiempo para que los juzgados y tribunales vayan resolviendo los casos planteados y estableciendo criterios unitarios de aplicación en aquellos aspectos que puedan dar lugar a distintas interpretaciones, también en el caso de las revisiones. Por eso es importante que mantengamos la confianza en la actividad de nuestros tribunales y los dejemos desempeñar su labor. No es razonable instar la reforma de una ley que aún no ha tenido un mínimo recorrido práctico.
Finalmente, pedimos contención al poder ejecutivo y que no se precipite culpando a los jueces y juezas de una situación de transitoriedad normativa que era esperable y que forma parte de la normalidad democrática.