La Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE) lamenta profundamente la grave situación que están enfrentando, desde hace mucho tiempo, las personas hacinadas en la sala de protección internacional del aeropuerto de Barajas y, particularmente, las mujeres embarazas de origen saharaui, las niñas y los niños que, en esta última semana, se han visto afectadas por la prolongada espera de la resolución de su solicitud de asilo en condiciones inadmisibles.
Estas personas, en busca de protección y refugio, están siendo sometidas a condiciones deplorables mientras esperan la resolución de sus solicitudes de asilo. Múltiples informes de organizaciones humanitarias como la Cruz Roja, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) o el Defensor del Pueblo han denunciado reiteradamente las condiciones indignas en las que se encuentran quienes solicitan asilo en el aeropuerto de Barajas. Los jueces y las juezas de control de los Centros de Internamiento de Madrid han denunciado la situación y han exigido que se mejoren las condiciones en las que se encuentran las personas en estas instalaciones.
La falta de acceso adecuado a servicios básicos, una atención médica insuficiente, la falta de salubridad, intimidad y condiciones higiénicas deficientes son algunos de los problemas críticos que han sido señalados. Estas circunstancias suponen una clara vulneración de los derechos humanos, afectando gravemente el bienestar físico y emocional de estas personas.
Como juezas comprometidas con la defensa de los derechos fundamentales, no podemos dejar de pronunciarnos ante esta alarmante situación.
Nos preocupa especialmente la situación de las mujeres embarazadas y de los niños y niñas, quienes, por su vulnerabilidad, requieren una protección reforzada.
Es indispensable que se agilicen los trámites, se garantice el acceso inmediato a la atención médica adecuada, servicios esenciales y asistencia legal, y se asegure que se respetan los derechos fundamentales y la dignidad de las personas, garantizando un entorno digno y seguro para así cumplir con los compromisos y obligaciones asumidos en las normas nacionales e internacionales.
Madrid, a 24 de septiembre de 2024.