En nuestro comunicado con ocasión del día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres ya nos hicimos eco del reciente informe que el Grupo de Expertos en la Lucha contra la Violencia sobre la Mujer y la Violencia Doméstica del Consejo de Europa (GREVIO) realizó de la Administración de Justicia española, alertando de determinados riesgos y disfunciones en lo relativo a la protección de las víctimas.
El informe pone de manifiesto que, a pesar de existir una legislación específica que indica lo contrario, los tribunales civiles siguen concediendo custodias y derechos de visitas a progenitores con un historial de violencia doméstica, llegándose a utilizar el recurso al falso síndrome de alienación parental y obviando o minimizando los efectos altamente perjudiciales que para niños, niñas y adolescentes tiene crecer en un entorno de violencia.
Insistimos, en base a todo ello, en la necesidad de una revisión de la práctica judicial diaria desde una sana autocrítica y siendo conscientes de que existe un gran margen de mejora en la forma en que nos aproximamos y valoramos la situación de la infancia y sus testimonios.
En los últimos días hemos conocido que la Fiscalía de Cagliari (Italia) ha presentado escrito de acusación contra Francesco Arcuri por maltrato habitual de sus dos hijos menores, cuya custodia le había sido atribuida pese a contar con una condena por violencia de género.
En España, la madre de estos menores, Juana Rivas, no solo no vio atendida su petición de no ser obligada a entregar a sus hijos al padre, sino que fue condenada por dos delitos de sustracción de menores a una pena de prisión.
Desde AMJE nos hemos manifestado siempre defendiendo la necesidad de proteger y escuchar a los menores y a su madre como víctima de violencia. Ahora, más que nunca, esa necesidad es imperiosa, pues a pesar del procesamiento, el hijo menor, de 10 años de edad, sigue conviviendo con la persona a la que el Ministerio Público acusa de maltratarle, en lo que constituye una más que evidente situación de riesgo.
AMJE reitera su llamamiento a adoptar las medidas necesarias para asegurar la protección de la infancia en todos los casos y en este en particular, que es una muestra de todos los riesgos y deficiencias que se constatan en el informe GREVIO y que debe llevarnos a una revisión del proceder en nuestra práctica judicial diaria.
En Madrid a 5 de diciembre de 2024.