Una de las finalidades fundacionales de AMJE fue luchar porque la pluralidad de la sociedad quede  representada en la cúpula del Poder Judicial mediante el acceso de mujeres a la misma y la eliminación del desequilibrio existente.

 

Constituye una obligación del CGPJ que en su política de nombramientos atienda al mandato de la igualdad de género y promueva el acceso de quienes seguimos infrarrepresentadas en las altas esferas judiciales. Se trata de una discriminación intolerable, pues  difícilmente puede protegerse el principio de igualdad si el sistema llamado a hacerlo  padece internamente esa misma discriminación.

 

El actual CGPJ ha dejado pasar su mandato  incumpliendo este deber, pues la representación femenina apenas ha crecido en este período. Más grave es que, en una situación de prórroga  y dudas sobre su legitimidad  para seguir realizando  nombramientos discrecionales (Presidencias de Salas, Audiencias, Tribunales Superiores de Justicia o miembros del Tribunal Supremo),  persista en esta conducta mostrando, además, una nula sensibilidad de género.

 

La entrevista realizada el pasado 12 de junio de 2019 para la candidatura a la Presidencia de la  Sala de lo Social del TSJ de Aragón, en la que se llega a cuestionar a la única candidata al cargo por hacer constar la infrarrepresentación de las mujeres en su Tribunal -compuesto solo por hombres-,  es una muestra clara de la actitud y talante con el que, con carácter general, el órgano decisiorio del CGPJ ha abordado y sigue abordando fuera de su mandato la igualdad de género.

 

Queremos mostrar nuestro total apoyo a la compañera que ha sido objeto de dicho trato vejatorio en esa entrevista, así como al resto de compañeras que están siendo objeto en las entrevistas de consideraciones, quizás más sutiles, que muestran un trato claramente discriminatorio hacia las candidatas.

 

 

No hay ninguna sutileza en los actos y formas empleados por el CGPJ . En cuanto a nombramientos la falta de compromiso de nuestro máximo órgano de gobierno con sus propias obligaciones constitucionales en los últimos cinco años es evidente y exigimos que se paralicen los procesos abiertos, dada su falta de legitimidad y falta de perspectiva de género.

 

Un Consejo caducado no puede pretender condicionar la estructura de la carrera judicial y condenarla a varios años más de desequilibrio, ni primar criterios políticos frente a lo que son sus obligaciones estatutarias. Además la necesaria formación en igualdad y perspectiva de género  a los miembros de la carrera judicial, exigida por la reciente reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se debe hacer extensiva también a las personas titulares de las vocalías del Consejo General del Poder Judicial, en quién recae la importante función de nombrar a las personas que interpretarán y aplicarán las normas

 

Lo que está en juego excede de las concretas competencias de los y las vocales que forman este órgano, es la propia legitimidad  del sistema.

 

21 de junio de 2019

 

Asociación de Mujeres Juezas